El próximo 25 de octubre se decidira la suerte de la Ley de Caducidad"En Uruguay fue una larga lucha que se aceptara que la dictadura fue un proceso cívico – militar" afirmó Hebe Martínez Burlé, abogada defensora de las familias de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, durante una conferencia dentro del marco de las Cátedras Bolivarianas, a cargo de Carlos Aznárez. La charla abordó un tema que aún genera polémica en el país hermano de Uruguay: la dictadura impuesta por Juan María Bordaberry Arocena y las injerencias civiles dentro de la gestación y planificación de dicho gobierno autoritario. También participo el periodista Guillermo Garat.
Uno de los cerebros del terrorismo de estado uruguayo
"Bordaberry no era ningún títere de los militares. Él digitó fríamente la muerte de todos los opositores a su régimen en el exterior" señaló la abogada que participó en la querella contra el ex presidente uruguayo. El 16 de noviembre de 2006, Bordaberry fue procesado por estos crímenes, junto con Juan Carlos Blanco, canciller del Gobierno uruguayo durante el periodo 1972 - 1976. En dicha causa, a cargo del juez Roberto Timbal, se le imputó los asesinatos de los militantes Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw. También Martínez Burlé, agregó que aún es una cuenta pendiente de la justicia uruguaya inculpar a varios civiles que han desempeñado papeles fundamentales en el gobierno de facto.
"Creo que no puede dejarse de manifestar como nos ha ayudado en nuestra lucha la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina, que nos dio el respaldo suficiente para obligar al Gobierno uruguayo a actuar", destacó Martínez Burlé y señaló que están intentando pedir la extradición a Argentina del ex dictador y jefe del ejército uruguayo Gregorio Alvarez. Por último, la abogada remarcó que más allá de los problemas de papeles que tienen los hermanos uruguayos y argentinos, los une "el sufrimiento, la valentía y el coraje para seguir luchando por una verdad, memoria y justicia".
En busca de la anulación de la Ley de caducidad
"La Ley de caducidad fue toda una fantochada, ya transgrede todos los tratados internacionales desde Nuremberg hasta la fecha" afirmó Martínez Burlé. La iniciativa para anular dicha ley, que impide abrir causas a militares y policías por los crímenes cometidos durante la dictadura en ese país, es encabezada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Ya se han juntado las más de 252 mil firmas necesarias para convocar a una consulta popular el próximo 25 de octubre, conjuntamente con las Elecciones Nacionales.
Cabe destacar, que esta antidemocrática ley fue aprobada en 1986 por el Parlamento uruguayo, con el apoyo de los partidos Blanco y Colorado, encontrando resistencia por parte del Frente Amplio. Paradójicamente, a más de 20 años de su aprobación, el partido del presidente Tabaré Vázquez hizo caso omiso a la necesidad de la anulación de la ley durante gran parte de su periodo de gobierno, a pesar de poseer las facultades necesarias para la pronta solución de la demanda popular.
"Algunos de los legisladores y figuras más importantes del Frente Amplio afirman que la anulación de la Ley de caducidad es un tema que tiene que discutir el Congreso del Frente Amplio, pero no lo incluyeron en el Congreso anterior. Solo queda confiar en la presión de la iniciativa popular para que se anule la ley", afirmó Guillermo Garat y aclaró que varios sectores del Frente Amplio están de acuerdo con su anulación, pero que orgánicamente es reacio a tratar el tema.
Helios Sarthou, abogado y político uruguayo fundador del Frente Amplio, da un panorama del actual gobierno en la república oriental.
Por Ezequiel Alvarez
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