Una feroz dictadura que comenzó en 1976 dio el remate final a un siglo de terror e inestabilidad política. Aunque el resultado de esa época sea un país cuya meta política principal es una democracia fuerte, aún quedan huellas de un pasado que quiere ser dejado atrás. La Ley de Radiodifusión 22.285, que permanece vigente en nuestros días, es un caso de ello. Su sanción en 1980 sirvió primero a los intereses de la dictadura militar, deseosa de controlar todo tipo de expresión; y luego a los grupos económicos concentrados, apoyados por gobiernos neoliberales de típicos rasgos antiestatales y privatizadores.
Hoy, periodismo y poder económico
La principal finalidad del periodismo es informar de la manera más objetiva posible, tarea imposible de realizar si existen intereses económicos de por medio. Sin embargo, la labor informativa está en la Argentina a favor del poder económico. La ley de radiodifusión sigue estando al servicio de grandes empresas que poseen acciones en áreas diversas. Los principales encargados de la información y la difusión son algunos grupos monopólicos que tienen, como tales, enormes intereses económicos.
Hacia el cambio
Algunos miembros de la oposición reclaman que el actual impulso por parte del Gobierno a una nueva ley de radiodifusión no es más que otro capítulo en la pelea entre el oficialismo y uno de los monopolios antes mencionados; el Grupo Clarín, cuyo poder económico puede vislumbrarse en cualquier mapa de medios que esquematice la relación entre empresas mediáticas y empresas de cualquier otro tipo. De suponer que la oposición estuviera acertada, el proyecto no dejaría de ser razonable, e incluso saludable para la vida en democracia. En un país que intenta ser democrático, que intenta separarse de todo vestigio de un pasado político autoritario, una ley sancionada durante un Gobierno de facto no puede regir uno de los pilares básicos de la vida en democracia: la libertad de expresión, con su correlato en la diversidad y la pluralidad.
Pasos
Un primer paso para intentar garantizar la libertad de expresión en un país capitalista con un pasado de gobiernos neoliberales que favorecieron la privatización de todo tipo de empresas, incluídas las que tienen en sus manos la gran responsabilidad de la información y la comunicación, es la sanción de una ley que establezca las condiciones necesarias para el goce de ese derecho civil. La garantía de que dicha ley pueda realmente regular las reglas del juego es un segundo paso que habrá que debatir también.
Brenda Struminger
Hoy, periodismo y poder económico
La principal finalidad del periodismo es informar de la manera más objetiva posible, tarea imposible de realizar si existen intereses económicos de por medio. Sin embargo, la labor informativa está en la Argentina a favor del poder económico. La ley de radiodifusión sigue estando al servicio de grandes empresas que poseen acciones en áreas diversas. Los principales encargados de la información y la difusión son algunos grupos monopólicos que tienen, como tales, enormes intereses económicos.
Hacia el cambio
Algunos miembros de la oposición reclaman que el actual impulso por parte del Gobierno a una nueva ley de radiodifusión no es más que otro capítulo en la pelea entre el oficialismo y uno de los monopolios antes mencionados; el Grupo Clarín, cuyo poder económico puede vislumbrarse en cualquier mapa de medios que esquematice la relación entre empresas mediáticas y empresas de cualquier otro tipo. De suponer que la oposición estuviera acertada, el proyecto no dejaría de ser razonable, e incluso saludable para la vida en democracia. En un país que intenta ser democrático, que intenta separarse de todo vestigio de un pasado político autoritario, una ley sancionada durante un Gobierno de facto no puede regir uno de los pilares básicos de la vida en democracia: la libertad de expresión, con su correlato en la diversidad y la pluralidad.
Pasos
Un primer paso para intentar garantizar la libertad de expresión en un país capitalista con un pasado de gobiernos neoliberales que favorecieron la privatización de todo tipo de empresas, incluídas las que tienen en sus manos la gran responsabilidad de la información y la comunicación, es la sanción de una ley que establezca las condiciones necesarias para el goce de ese derecho civil. La garantía de que dicha ley pueda realmente regular las reglas del juego es un segundo paso que habrá que debatir también.
Brenda Struminger
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